Proceso mediante el cual las personas, de forma individual u organizada, se relacionan directamente con las instituciones del Estado, en el ámbito nacional o transnacional, manteniendo su autonomía e involucrándose de forma corresponsable en los espacios de toma de decisión y en la definición, implementación y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios institucionales; estableciendo metas conjuntas y las formas de alcanzarlas. Una de las maneras de practicar este derecho es ejerciendo la contraloría social (Política de Participación Ciudadana 2013).

Veamos las leyes que justifican la participación ciudadana de las mujeres en la gestión pública del Estado. Es decir, que podemos controlar como el Estado brinda los servicios de atención integral a las mujeres que enfrentan hechos de violencia.

Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en el literal "c" del epígrafe de 35 señala: el derecho de vigilar y controlar la prestación de los servicios públicos y la inversión de los recursos públicos.

Ley de Acceso a la Información Pública, establece como un fin de la Ley en el Art. 3 literal "c“: La promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública.

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. En el Art. 20 establece que se promoverá la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio de los derechos políticos, incluidos entre otros, los derechos al voto, la elegibilidad, el acceso a todas las instancias y niveles de toma de decisiones, así como la libertad de organización, participación y demás garantías civiles y políticas.

Es el derecho y el deber que tienen las mujeres, para ejercer el seguimiento, monitoreo y control de la prestación de servicios por parte del Estado para la atención integral especializada a mujeres que enfrentan hechos de violencia (Estrategia Consejos Consultivos y de Contraloría Social, ISDEMU 2011).

No debe perderse de vista que el control social tiene como misión, lograr que el gobierno y ciudadanía trabajen de forma corresponsable en la vigilancia y evaluación de la gestión pública de los servicios de atención integral para las mujeres que enfrentan hechos de violencia.

La Contralorías Social, es un mecanismo idóneo para mejorar la calidad y calidez de los servicios de atención integral para las mujeres que enfrentan hechos de violencia.

Al ser un control social efectivo y responsable, se propone que los resultados de la consulta a través de este medio logren aportar recomendaciones de mejora de los servicios desde un enfoque: Crítico, razonable, propositivo, oportuno, realista, solidario, respetuoso.